Otras miradas sobre el salario docente en la Argentina - Datos y aportes

La viñeta de Caly (humorista gráfico) nos trae a un clásico popular argentino: el salario de los docentes es muy bajo. Algunos lo consideran el producto de la poca significación que tiene la Educación para los habitantes. Para otros, más “conspirativos", el salario es parte del modelo de ajuste social que, más o menos en forma continua, no importa el signo político de la gestión, atenta contra la educación del pueblo.
No importa el ángulo desde donde arribemos, sobran antecedentes y testimonios para asegurar que el salario de los docentes en este país es un tema de eterno conflicto que trae complicaciones a toda gestión política, más allá de la cuestión ideológica marco en la que se mueva cada gobierno...
Datos de la realidad para justificar cada ponencia, existen. Si miramos el mercado de trabajo y el salario bruto promedio por actividad, tal como se muestra en este documento publicado en noviembre del 2011 (pag. 29) por la AFIP, queda claro que el sector no es uno de los más favorecidos. Según los datos de esa agencia del gobierno, Educación es el segundo peor salario promedio en el sector servicios y el tercero en la general. Los $4424 que cobra un docente aparecen bastante alejados de los $11568 que recibe una persona que trabaja en el sector financiero y mucho más lejos de los $18782 que recibe un trabajador del sector minero. ¿Molesta? Seguro molesta en un país que ha modificado la estructura salarial en los últimos 40 años y el sector educativo no parece haber sido beneficiado como sí lo han sido otros sectores…
Sin embargo es una de las muchas maneras de ver las cosas. Otra posibilidad es mirar cómo se han incrementado los recursos en estos últimos años para el sector y adonde fueron a parar. En este mismo blog en una nota anterior, ya planteábamos algunas dudas de cómo fue distribuido ese incremento y para que ha servido en la práctica. La Argentina se ha obligado por ley (y lo ha logrado), incrementar la inversión consolidada en Educación de los 4 puntos del PBI del año 2003, a los 6,47% del año 2010. Datos reales que hoy muestra el gobierno nacional como producto del esfuerzo conjunto Nación-provincias. Cuantiosos recursos teniendo en cuenta que cada punto del PBI argentino equivale a u$s 4361millones aproximadamente, según el propio Banco Central (BCRA). Por otra parte, si miramos los presupuestos educativos de jurisdicciones como Ciudad o Provincia de Buenos aires, dos de los mayores distritos por número de alumnos y docentes, veremos que, en los últimos 15 años, se han casi triplicado en moneda constante. Y hablamos en moneda constante ya que, en números corrientes, el crecimiento es de casi 11 veces para el caso de la Ciudad. Pero para ser exactos la parte más sustancial de ese incremento fue para pagar salarios. En algunas jurisdicciones, hoy esas partidas superan el 90% del presupuesto educativo.
Con el fin de que algún desprevenido interrumpa deducciones apresuradas sobre nuestra postura, reiteramos (algo que afirmamos en notas anteriores): “¿El salario docente es parte de la inversión en Educación? Sin dudas”. Algunos dirán que incluir nuevas variables al tema es complicar el análisis. En realidad lo que no pueden -o no quieren- ver es toda la complejidad del tema. Si la idea es discutir como en una mesa paritaria, unos pocos números pueden demostrar el palpable atraso del salario docente. Es más acercamos una primera pista no bien iniciada esta nota. Pero, como dijimos, parece que el problema es un poco más complejo.
Hay quienes arriesgan en esta misma línea argumentativa, que la falta de docentes o aspirantes a la docencia se debe casi exclusivamente al bajo salario que obtienen por su actividad. Sin dudas el salario es un tipo de incentivo. Pero con seguridad hay otros muchos elementos (duración de las carreras de formación, inserción laboral, proyección personal futura, complejidad de la tarea, malestar docente, reconocimiento social, etc.) que funcionan como incentivos o desincentivos a la hora de definir vocaciones: muchas veces elementos que son tomados a la ligera tanto por las gestiones políticas, pedagogos, expertos e intelectuales como también por todos aquellos que centran en la cuestión de mercado salarial la tendencia de los más jóvenes a no dedicarse a la docencia.
Pero lo que nadie ha remarcado, hasta el momento, es la política de recursos humanos implementada después de la crisis del 2001, en la mayoría de los distritos del país. Política que trae y traerá, por algún tiempo más, diversos inconvenientes. Para encontrar alguna descripción de ella habría que comenzar por revisar el crecimiento de las plantas orgánicas de las diferentes jurisdicciones.
En nuestro caso trabajamos con datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires de la Dirección de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Educación, aunque existe información asequible sobre otras jurisdicciones donde la situación pareciera similar. Seguramente en el plano nacional habrá que profundizar mucho más. Para el caso de la Ciudad aquí están algunos de los números de los últimos 16 años y una somera descripción de la política que se ha desarrollado.
¿En que parece haberse basado? Ya dijimos que aumentar a docentes es un tema complejo para las gestiones. El docente es un empleado público entre muchos otros (médicos, defensa, seguridad social, diferentes clases de empleados municipales o provinciales). Varias veces he escuchado a miembros pertenecientes a diferentes gestiones la problemática que generaría un aumento mayor a docentes que a todos los otros sectores del Estado. La “catarata” de presiones por igualar dicho aumento podría poner en problemas a cualquier Ministro de Hacienda. Demandas que con seguridad un presupuesto nacional, provincial o municipal difícilmente esté preparado para satisfacer. Por ello algunas gestiones, más precisamente las que vinieron después de la crisis del año 2001, han entendido que “si no podemos aumentar como nos gustaría a cambio podemos incrementar el número de agentes en el sistema” en algunos casos reasignando tareas, en otros superponiendo, en otras ocultando un sinnúmero de asesorías y colaboradores de dudoso impacto en el sistema. Así es, tal como muestran los números oficiales, entre los años 1997 y 2010 (últimos datos oficiales hasta el momento de esta nota) frente al crecimiento de sólo un 7% de la matrícula del subsector de educación formal estatal se ha incrementado en un 11% los establecimientos, un 56% las horas cátedras y un 24% los cargos de planta permanente en el sector. El número de alumnos por la escalera, las horas y los cargos docentes por el ascensor. Todos datos publicados por el propio Ministerio de Educación porteño.
Y si al lector le parece mucho, lo que viene ahora llamará todavía más la atención. El sistema educativo público de la Ciudad de Buenos Aires no sólo se compone de escuelas, alumnos y docentes frente a chicos. Existe una amplia gama de servicios que coadyuvan a la tarea de los docentes en una oferta, para algunos muy desordenada, de planes, programas y proyectos. Programas creados por las diversas gestiones para resolver muchas veces desafíos educativos y sociales que el sistema formal no puede (¿no puede?) dar respuesta. Muchos de ellos con objetivos a corto plazo que, sin una periódica evaluación, terminan perpetuándose como parte del sistema, alargando sus plazos de existencia y concreción de metas. En su mayoría, y hasta la aprobación de la Ley 3623 que crea la posibilidad de pasar a planta permanente incorporando esos programas y sus cargos al Estatuto Docente, su personal revistaba (aún hoy varios de eelos revistan en esa condición) como “planta transitoria anual”. Que fueran transitorios no quiere decir que no sean necesarios. Pero algunas de las acciones que algunos programas desarrollan sin dudas podrían haber sido absorbidas por la propia escuela formal en el marco de una transformación de la institución escolar que tome en cuenta las nuevas demandas de la sociedad del siglo XXI.
Revisando los decretos anuales de creación de las plantas transitorias (todos publicados en Normativa o el Boletín Oficial), se verifica que las componentes salariales (básicos, bonificaciones y descuentos por jubilación y obra social) son iguales al del personal permanente, con los mismos derechos laborales aunque, por ser personal transitorio, no generan posibilidad de coberturas por suplencias en sus cargos. Sin embargo, en la mayoría de los casos la informalidad del reclutamiento hace que los cargos se hayan cubierto por fuera de concursos o méritos de los aspirantes contra los mecanismos estatutarios que si cumple cualquier docente para acceder a un cargo permanente. Como contrapartida, el no saber cada fin de año, si el programa seguirá vigente al siguiente creó un problema de estabilidad laboral para estos agentes y la continua demanda por su pase a planta permanente. Mecanismo nefasto para todos… Volviendo al dato del crecimiento de la matrícula en los años marcados (7%) lo más llamativo de las plantas transitorias es su crecimiento exponencial en ese mismo lapso: entre el año 2001 y el 2012, un 500% en horas cátedras y 360% en cargos. Otra forma de compararlo: en el año 1997 las horas cátedras de planta transitoria representaban el 70% de las horas cátedra de planta permanente. Hoy las triplican.
Entonces, ¿el salario de los docentes de planta permanente podría haber crecido más? Si el sistema educativo formal de la Ciudad y aquellos que lo gobernaron hubiesen sido menos refractarios a las inevitables transformaciones que nuestra época impone, sin necesidad de crear plantas para resolver cosas que podría o debería tener que resolver el propio sistema formal, habría habido recursos para distribuir entre aquellos que ya eran parte de la plantilla. Todavía hay tiempo. Para ello habría que implementar una política diferente con centro en el alumno y el desafío de la transformación de la “Institución escuela” en beneficio del que hoy aprende, con un docente de aliado estratégico y el objetivo de recrear la mística de enseñar y poniendo los recursos en mejorar las condiciones de trabajo de los actuales y futuros docentes: políticas hasta hoy no desarrolladas o sólo tímidamente implementadas...
En la Ciudad corre la idea (errónea en muchos casos) de que hay un problema en el número de alumnos por docente que tienen los cursos y grados. Lejos estamos de aquellos que plantean que el número de docentes es excesivo. Seguramente no tienen en cuenta todos los servicios que brinda la Ciudad. Tampoco creemos que ese número esté muy lejos de la verdadera necesidad. Habrá que definir prioridades y ser creativos en nuevos formatos y contextos para brindar “otra educación”, sobre todo a adolescentes y adultos. Puede que allí las nuevas tecnologías de la comunicación ayuden a crear nuevos entornos de aprendizajes…
Por último y para cerrar, existen datos internacionales que apoyan nuestra idea: incrementar salarios parece tener un efecto positivo en los docentes en actividad. Los países que mejoraron sus puntajes en las pruebas PISA 2009 tienen en común el haber incrementado salarios en el período inter-prueba 2003-2009, junto con una mayor atención dedicada a la situación general de los docentes, incluidos sus saberes y su satisfacción laboral. Las conclusiones arribadas dan cuenta de que incrementar los salarios docentes parece ser más eficaz que reducir el número de alumnos por clase, con excepción de las dedicadas a los primeros años de escolarización.
En síntesis, nuestro planteo intenta mostrar algunas carencias en el estrecho debate salarial que requerirá una profunda modificación en la posición de todos los actores… En definitiva, de ellos depende la posibilidad de llevar adelante la urgente transformación que la escuela pública requiere…


Agradecemos a dos twitteros amigos @fmurolo y @jorgesait y a Gonzalo Berra por la ayuda brindada acercando data sobre los números del Producto Bruto Interno de nuestro país.